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La Labor de Reestructurar un sector

Escrito el 10 junio 2008 por Jesus Guerro en General

El anuncio de huelga publicado el 21 de mayo por las principales asociaciones de Transporte en España se ha convertido desde las 9am de ayer en una realidad, que a tenor de las incidencias informadas por la DGT ha contado con un quórum más que representativo..


Entre las medidas requeridas por representantes del sector estas últimas semanas, han recibido respuesta del Gobierno algunas de ellas al menos de manera parcia. La reducción de la tarifa de cotización en un 4% y el aplazamiento de un año de pago de las cuotas de la SS. Ambas competencia del Ministerio de Trabajo.
Por su parte el Director General de Política Tributaria ha aceptado rebajar un 50% el IAE así como una reducción de los impuestos que gravan los seguros de transporte. Ambas medidas de limitado impacto, debido a que la primera no afectará a la inmensa mayoría de profesionales y pymes que no alcanzan la facturación mínima requerida de un millón de euros al año y la segunda, por el reducido importe que a los efectos, supone esta variable.
Juan Miguel Sánchez, Director General de Transportes por Carretera ha anunciado la intención de ofrecer un fondo presupuestario de 55 millones de euros destinado a ayudas al abandono de actividad, línea también abierta por las asociaciones de transporte.
Sin embargo la propuesta estrella del sector referida a la fijación de tarifas mínimas, no ha encontrado apoyo de las autoridades por ser considerada como contraria a las leyes fundamentales del libre comercio. Ni siquiera, hasta ahora, la opción de introducir en los contratos, clausulas que permitan la actualización periódica de tarifas en relación directa a la variación en el precio del combustible.
Tampoco, la necesidad según los convocantes, de revisar la fiscalidad del carburante de uso profesional en el Transporte por Carretera frente a las exenciones que sí aplican en medios de transporte marítimo, aéreo y ferroviario. No en vano, el transporte por carretera supone el 84% del volumen de mercancía transportado en España, contribuyendo con más de 10.000 millones de euros a la recaudación anual del Estado.
No parece por tanto, que la primera reunión mantenida una vez iniciada la huelga, haya resultado satisfactoria para los sindicatos de transporte, quienes además critican, no haber sido atendidos a su entender, por “altos cargos de la Administración”, como hubiera requerido una determinación clara por dar solución rápida al conflicto.
Así, en respuesta a la llamada a la tranquilidad transmitida públicamente a la ciudadanía por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, las asociaciones de transporte han preferido referirse a la situación en los términos de “larga y difícil”.
Y es que el aumento vertiginoso del precio del petróleo, que por primera vez ayer, creció un 10% en unas sola sesión y su efecto directo en el gasoil, un 21% en 5 meses, 31% en 10 meses y un 100% en 4 años, ponen de manifiesto la debilidad de un sector tremendamente atomizado y con exceso de oferta. (250.000 profesionales para 60.000 empresas en España). Los dos factores menos deseables a la hora de negociar precios con los clientes, en este caso, los cargadores. Quienes saben que siempre aparecerá alguien dispuesto a hacer el trabajo más barato. Alguien que por la ambigüedad en su condición de proveedor, se beneficie de aspectos tributarios que le permitan rentabilizar mínimamente el servicio.
Ante la dificultad de fijar tarifas y la dudosa efectividad de políticas de subvención, debiéramos pensar en una reestructuración del sector a partir de una normativa restrictiva y un régimen sancionador duro no sólo para aquellos autónomos que realizan la actividad sin las debidas autorizaciones sino también dirigido a los cargadores que no se responsabilizan de confirmar que entregan sus mercancías en manos de auténticos profesionales, en la misma línea que hace ya casi 10 años se trazó en lo referente a mercancías peligrosas, incorporando incluso en empresas cargadoras la figura del “consejero de seguridad”. Que no hay mejor medida para negociar tarifas que recuperar el equilibrio oferta/demanda.
Otro tipo de medidas, ciertamente poco populares y sí polémicas, destinadas a flexibilizar las jornadas de trabajo, hoy en opinión de los profesionales excesivamente rígidas, piénsese que 9 horas de tacógrafo equivalen a un máximo de 675 km/día, ampliaría la facturación potencial diaria y las posibilidades de regresar al hogar sin incurrir en dietas de pernocta. Sin olvidar que estas restricciones fueron en el pasado exigencia de una realidad que se traducía, en ocasiones, en abusos sobre los conductores y riesgos de accidente por insomnio.
Y también, presumiendo de I+D, podría pensarse en el desarrollo de una plataforma en internet en el que cargadores y profesionales pudieran publicar sus ofertas y demandas en base a localización y características del vehículo, que mediante comunicaciones móviles pudieran informase y confirmarse en tiempo real. Y de este modo evitar los “retornos en vacío”, factor de oportunidad para mejorar si no los precios, sí el rendimiento de los viajes.

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